Luisa Notario promoverá una declaración institucional que, en caso de no fructificar, pasará a debatirse como moción durante el Pleno de este jueves
El Ayuntamiento instará al gobierno central a cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo —cuyo decreto pronto hará un año— que instaba al gobierno a tomar las medidas necesarias para acabar con el abuso de la temporalidad en la función pública española. La concejala de Gestión de Recursos, Luisa Notario, ha anunciado que promoverá una declaración institucional al respecto y, en caso de no fructificar, se garantizará el debate en el Pleno de febrero que se celebrará el jueves.
La iniciativa tendrá como objetivo instar a los poderes públicos competentes a que realicen de manera urgente las modificaciones normativas pertinentes del Estatuto Básico del Empleado Público para dar estabilidad y poner fin a la situación de abuso en que se puedan encontrar las personas interinas que vienen ocupando plazas en las administraciones públicas en virtud de nombramientos temporales a fin de dar cumplimiento a lo que declara la mencionada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
“La prioridad será llegar a un acuerdo entre todas las fuerzas representadas en el Ayuntamiento en un tema que afecta a un colectivo importante de trabajadores y trabajadoras municipales. Desde el ámbito de la Mesa General de Negociación continuaremos impulsando los instrumentos a nuestro alcance para reducir la precariedad y temporalidad del funcionariado de la mano de la representación sindical y aplicando la legislación vigente”, ha explicado Notario, que ha mantenido diversas reuniones con representantes de algunas plataformas del colectivo de interinos para interesarse por sus propuestas, mostrarles su solidaridad y trasladarles la decisión de presentar esta moción y el compromiso de trabajar dentro de las competencias locales y el marco legal para regularizar la situación del personal interino, según ha explicado.
El 19 de marzo de 2020 se publicó la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que determinaba las líneas que se tienen que seguir por el legislador estatal para afrontar el cambio en las políticas de reclutamiento y provisión de los lugares funcionariales que conforman las administraciones públicas. Todo, con el objetivo de frenar las altas tasas de temporalidad en la administración pública y a la vez emplazar a los cambios necesarios para prevenir, corregir o —si se quiere— sancionar el uso indebido de las relaciones por tiempo determinado que enmascaran la existencia de un auténtico empleo de carácter estructural.
En el Ayuntamiento de València hay 1.461 personas interinas de un total de 5.049 plazas ocupadas, lo que supone un 28,94 %. Notario ha explicado que en algunos casos son trabajadoras y trabajadores interinos desde hace más de dos décadas. Respecto a las causas —ha indicado—, hay diversas pero concurrentes, como el cierre de las ofertas de empleo público y las tasas de reposición de efectivos impuestas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que han supuesto para las administraciones públicas que la contratación de personal interino sea una de las pocas vías para cubrir plazas vacantes y que durante muchos años no ha llegado al 100 % para cubrir. Esta tasa de reposición —durante muchos años en porcentajes por bajo del 30 %— ha supuesto “la caída drástica del nivel de empleo público estable en la administración púbica, también en el Ayuntamiento de València, por la imposibilidad de reponer suficientemente los efectivos necesarios para garantizar la prestación de los servicios a través de empleo de calidad y con independencia y profesionalidad acreditada a través de procedimientos de pública concurrencia y mecanismos selectivos adecuados”, ha afirmado Notario, que ha resaltado que “no haber utilizado la vía de la contratación de personal interino habría supuesto el colapso de la administración, motivo por el cual este equipo de gobierno ya solicitó en 2017 al gobierno central que procediera a modificar la política de restricción al empleo público estable y de calidad, eliminando la tasa de reposición de efectivos que está lastrando y precarizando la función pública”.
Notario ha advertido de que “ahora que estamos cerca de que se cumpla el año de aquella resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que determina de manera clara que no podemos esperar por más tiempo que las soluciones nos vengan dadas por otros actores, la solución para acabar con el abuso de la temporalidad en el empleo público tiene que venir determinada por el derecho interno a través de los necesarios cambios en la legislación sobre empleo público”. En este sentido, ha alertado que “las administraciones públicas no podemos permitirnos que esta situación se dilate de manera indefinida en el tiempo. Por un lado, porque tendríamos que ser modelo y referente en el diseño y aplicación de políticas de empleo que sean instrumento de una administración centrada en el servicio público; por otra, porque hay que ser respetuosos con los derechos de los empleados y empleadas que vienen cumpliendo sus funciones con dedicación, objetividad y profesionalidad y que, en algunos casos, llegan durante décadas a ocupar plazas que tuvieron en un inicio en una relación temporal que por la inacción, forzada o voluntaria, del empleador ha acabado siendo permanente y estable”.
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