Los contratados laborales del Gobierno tendrán un salario mínimo de 1.071 euros

Los contratados laborales del Gobierno tendrán un salario mínimo de 1.071 euros

Los contratados laborales del Gobierno tendrán un salario mínimo de 1.071 euros

1 marzo, 2019
La ministra de Administracion Territorial y función Pública, Meritxell Batet, y la de Transicion Energetica, Teresa Ribera, en el Congreso de los Diputados. JMCADENASEXPANSIÓN

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El BOE publica una resolución que flexibiliza la jornada de los empleados públicos

El salario mínimo de los contratados laborales del Gobierno será de 1.071,40 euros desde este mismo año. Es una cantidad superior a la pactada por la patronal y los sindicatos para el salario mínimo general.

Los agentes sociales acordaron 1.000 euros para 2020. Sin embargo, el Ejecutivo se ha adelantado al sector privado con el convenio laboral de la Administración, que beneficia a 40.000 trabajadores en régimen laboral de la Administración del Estado, que está negociando con los sindicatos de la Función Pública, informa CSIF, el sindicato de funcionarios.

El acuerdo también recoge la conversión en funcionarios de 8.000 contratados laborales (no va a haber pérdida retributiva ni movilidad geógrafica) y la jubilación parcial para 2021, aunque previamente se constituirá a estos efectos un grupo de trabajo en el seno de la Comisión Paritaria para acordar las condiciones de acceso a dicha modalidad de jubilación.

Se trata del convenio colectivo más grande de España en número de trabajadores de la Administración. Se firmará el próximo lunes 4 de marzo y previsiblemente se publicará en el BOE (Boletín Oficial del Estado) en el plazo de unas tres semanas.

El texto, que se lleva negociando desde hace tres años, también incluye una nueva clasificación profesional adaptada al sistema educativo actual y un incremento salarial de 30 euros de media (se ingresará una nómina de 264 lineal en concepto de retrasos por 2018).

Además, se refiere a la determinación de las funciones de cada trabajador mediante la especialidad, el compromiso de la Administración de limitar las contrataciones fuera de convenio a aquellas funciones que no existan dentro del mismo y las movilidades y excedencias bajo condiciones especiales por conciliación, violencia de género, o por ser víctima de terrorismo.

La vigencia de este convenio se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021.

Este acuerdo se produce poco antes de las elecciones generales del próximo 28 de abril y del cese del actual Gobierno.