La dirección general de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea ha dado un tirón de orejas a la justicia española por el caso de los interinos, miles de contratados en abuso de temporalidad por las Administración. La Comisión acaba de dar una respuesta en la que dice que han «identificado más de 60 casos entre febrero de 2015 y marzo de 2017 en los que el Tribunal Supremo español no elevó el caso al Tribunal de Justicia de la UE. De acuerdo con la legislación española, no existe ningún recurso judicial contra la decisión del Tribunal Supremo y, por lo tanto, de acuerdo con el artículo 267 del TJUE, el tribunal debería haber llevado el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE”.
La respuesta hacía referencia a los recursos que interinos de la Administración pública española habían interpuesto ante los tribunales exigiendo los derechos laborales. El pleito que la motivó fue iniciado por el juez Fruitós Richarte, que estuvo ocho años ejerciendo como sustituto, que reclamó que se le reconociese su relación laboral indefinida con la Administración y que le fue denegada. A pesar de haber solicitado ante el Tribunal Supremo, reiteradamente, una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), al alto órgano nunca le hizo caso. El abogado que representaba al juez, Josep Jover, pidió abrir expediente al Estado español ante la Comisión Europea, que ahora se ha pronunciado.
Según el Ejecutivo comunitario, el “órgano jurisdiccional nacional debería haber remitido la cuestión al Tribunal de Justicia de la UE para una remisión prejudicial”. La importancia de la respuesta no se queda ahí: abre la puerta a todos los interinos del Estado español, que son unos 800.000, a reclamar indemnizaciones contra España “porque ha fallado uno de los poderes del Estado». «Los responsables son los propios magistrados del Supremo”, según detalla el propio letrado a El Confidencial. Por el momento, hay unos 5.000 pleitos en marcha, interpuestos por el abogado Javier Araúz, y se espera sentencia del TJUE para el mes de octubre.
La magnitud del caso viene dada porque la posición comunitaria que ahora se ha dictado no solo afecta a los interinos de un sector, sino a cualquier interino de cualquier sector de todas las Administraciones, sea central, autonómica, provincial o local. Esos 800.000 trabajadores interinos llevan años trabajando en el sector público y no tienen derecho, por ejemplo, a indemnizaciones en caso de despido o a excedencias e incluso están discriminados salarialmente.
Los recursos de los interinos que reclamaban el reconocimiento de una relación contractual estable con la Administración pública española eran sistemáticamente rechazados por los tribunales españoles sin que estos permitieran apelar a Europa. De esta manera, se les vulneraban sus derechos. Y quedaban, judicialmente, condenados a la derrota.
Fuente El Confidencial.
